Las religiones en la picota tras el rechazo al aborto

Por: Sergio Rubin

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Más allá del rechazo al proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Senadores, el debate le sumó otra grieta a una sociedad herida por las divisiones. La previsiblemente apasionada polémica no se ciñó a la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que derivó en un fuerte cuestionamiento de muchos de sus promotores al papel de las religiones en la sociedad y el reclamo de la “separación” de la Iglesia y el Estado en la Argentina.  

Es que para los más militantes del sector de los pañuelos verdes –el emblema de los partidarios del proyecto- la “presión” de la Iglesia, entendida como su clero, fue lo que permitió que se alcanzara el número suficiente de votos en contra en el Senado. Particularmente, le achacaron esa influencia en las provincias del norte, las más católicas. Tras la multitudinaria concentración en el Obelisco, promovida por los evangélicos, tuvieron que sumar a los cultos protestantes.

De nada sirvió que la Iglesia católica y las evangélicas dijeran que su oposición era centralmente una cuestión moral, con base científica -hay vida desde la concepción”, repetían-, sino que les achacaba querer imponerle a toda la sociedad un “dogma”. Tampoco tuvieron en cuenta sus críticos las acciones de las ONG provida, que se movilizaron antes que la Iglesia católica y los cultos evangélicos con convocatorias fueron masivas en todo el país y campañas en las redes.

Por cierto que tampoco tuvieron en cuenta el resultado de las encuestas que en todos los casos daban una mayoría entre 3 y 10 puntos en contra de la legalización del aborto. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires y sectores del conurbano la aceptación era mayoritaria, pero la tendencia se iba revirtiendo a medida que el sondeo se alejaba de la zona metropolitana. Aunque, evidentemente, la Capital Federal es la gran vidriera nacional, potenciada por los medios de comunicación.

Acaso quien mejor sintetizó esta situación fue el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, quien afirmó: “Los senadores del norte no votan a favor de los niños por nacer porque los hayan presionado los curas, sino por la presión del pueblo que ellos deben representar. Y pido respeto para el pueblo norteño, que no merece ser tratado de atrasado o de oscurantista porque ama la vida de los pequeños”. De paso, recordó que “los senadores representan al pueblo de sus provincias, fieles al federalismo que justifica la existencia de una cámara de senadores”.

No obstante, el principal cuestionamiento al papel de las religiones ante el debate –por su importancia institucional- provino del jefe de la bancada justicialista del Senado, Miguel Pichetto, quien en la madrugada de la votación dijo: "La Iglesia y otros credos juegan con la inocencia de la gente". Y afirmó que las confesiones religiosas configuran “estructuras caducas” que atentan contra la “modernización” del país. A la vez que reclamó encarar “la separación entre la Iglesia y el Estado”.

En rigor, quedan muy pocos aspectos que vinculan institucionalmente a la Iglesia católica y el Estado. El más mentado es el aporte económico mensual a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos, que es menos del 10 % del presupuesto de la institución católica. Ciertamente es una rémora que exigirá más temprano que tarde una renuncia de la Iglesia. El aporte a los colegios alcanza a todas las confesiones y se basa en el principio de que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Otras cuestiones como el tedeum en fechas patrias es un pedido del Gobierno de turno. Por lo demás, las relaciones entre el Estado argentino y el Vaticano están regidas por el muy ponderado en su momento concordato de 1966, que se basa en los principios de “autonomía y cooperación”, más allá de que podría ser actualizado. Además, el Gobierno tiene consensuado con casi todos los cultos –incluida la Iglesia católica- un proyecto de Libertad de Cultos, que les otorga un mayor reconocimiento a las confesiones no católicas.

Con todo, seguramente muchos de los que demandan la “separación” lo que quieren es que los legisladores católicos, evangélicos o de la religión que fuere prescindan de sus creencias a la hora de votar y que la palabra de las religiones no tengan peso en la sociedad. Pero ese objetivo no se logra con la “separación”, sino con un procso cultural de secularización (relegamiento de la fe al ámbito privado). Mucho menos s conseguirá si esos legisladores -como en este caso- están regidos por criterios meramente morales.

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