En vísperas de la histórica renuncia de la Iglesia al aporte del Estado

Por: Sergio Rubin

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En tiempos de un Papa argentino, la Iglesia católica en el país se encamina a producir un gesto histórico que hace mucho debió hacer: renunciar al aporte económico del Estado. La decisión –que podría ser anunciada durante el plenario de obispos de noviembre, aunque su concreción no sea inmediata y más bien producto de un proceso gradual- tendrá varios efectos favorables hacia fuera y hacia adentro de la institución eclesiástica que trascenderán su significación económica y abrirán una nueva etapa en su quehacer.

Es cierto que no es lo ideal que la determinación llegue después de un duro debate sobre la legalización del aborto -finalmente rechazada en el Senado- y los severísimos cuestionamientos a la Iglesia no sólo por su previsible oposición –pese a que fue expuesta con bastante moderación-, sino por otras cuestiones, entre ellas, por el “sostenimiento” estatal, que en realidad totaliza el 7 % del presupuesto de la institución a través de las asignaciones mensuales a obispos, sacerdotes de frontera y seminaristas.

Lo mejor hubiera sido que la decisión llegará sin necesidad de esas críticas envueltas en una demanda de “separación” entre la Iglesia y el Estado que, más allá del aporte económico y alguna otra cuestión puntual, hace rato que se consumó. Además, hace tiempo también que la Iglesia en el país se propuso auto sostenerse como lo revela una resolución de la Conferencia Episcopal de principios de los ’90 y el desarrollo del Plan Compartir para aumentar los ingresos, que no terminó de cuajar.

Ahora, la cuestión se retomó con fuerza. Se creó una comisión compuesta por la Conferencia Episcopal, la secretaría de Culto de la Nación y la jefatura de Gabinete para explorar alternativas. Experiencias como las de Alemania, España e Italia, sea con un impuesto al culto o una orientación de parte los tributos a la confesión a la que se pertenece constituyen referencias valiosas, pero que no serían transferibles al país. Y que exigirían un tratamiento en el Congreso que resultaría muy controvertido.

Si bien no se conocen las alternativas que se barajan, por ahora parece que predominaría el criterio de obtener los fondos dentro de la propia comunidad católica con aportes diversos. Al fin y al cabo, no es tanto el monto que debe reemplazarse. Pero exigirá –y aquí aparece el gran efecto favorable hacia dentro de la institución- una mayor generosidad de los fieles y de sus organizaciones –los colegios, por ejemplo- que reafirmaría un sentido de pertenencia.

Hacia afuera de la institución, la decisión no sólo implicará que la Iglesia dejará de recibir dinero para su sostenimiento del Estado, que lo constituyen todos los argentinos, católicos y no católicos,  sino que respetará el principio de equidad respecto a las demás religiones. Además, patentizará una saludable independencia de la Iglesia en relación al Estado, más allá de que hasta ahora se pueda haber sentido libre.

La decisión de renunciar al aporte económico –que necesariamente debe ser voluntaria porque la Constitución establece que el gobierno federal sostiene al culto católico- significará un soplo de aire fresco hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia. En alguna medida cambiará la mentalidad de sus fieles y quitará un argumento a quienes la critican con dureza.

Quedará así en la historia que, durante el pontificado de un argentino, la Iglesia argentina se puso a la altura de los tiempos. Como quiere Francisco.

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