El significativo pedido de la Iglesia a Alberto Fernández

Por: Sergio Rubin

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La vorágine informativa que vive el país y la región –la transición en la Argentina, la convulsión en Chile, las protestas en Bolivia, la liberación de Lula en Brasil, por citar algunos acontecimientos- hicieron que pasara inadvertida una declaración que el centenar de obispos difundieron la semana pasada, en el marco de su segundo y último plenario de obispos. Y, con ello, que no se prestara atención a un significativo pedido de la Iglesia dirigido sobre todo al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

Titulada “El fortalecimiento de la nuestra Nación”, los obispos formulan una serie de consideraciones ante el recambio gubernamental. Entre otras cosas, insisten con sus recomendaciones habituales como el combate contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, al señalar que éstas siguen siendo “las mayores hipotecas del país”. Y que obviamente no solo conservan su importancia, sino que se agravaron en el último año y medio por la inflación y la recesión.

También los prelados reiteran un pedido que vienen haciendo desde la crisis de 2001 y que hasta ahora no fue escuchado: políticas de Estado en los grandes temas como, precisamente, la pobreza, el narcotráfico y la educación. “La patria requiere de todos un renovado esfuerzo de diálogo sincero y búsqueda de consensos en orden a generar síntesis superadoras”, dicen. No obstante, esta vez casi todo el arco político coincide en esto. ¿Lo concretarán?

Pero lo novedoso –no como reclamo en sí mismo, sino por el momento en que lo hace- es la demanda de luchar con fuerza contra la corrupción y respetar la división de poderes. “El delito de corrupción nos tienta a todos de distintas maneras y no será posible un real fortalecimiento de nuestra democracia sin una firme opción ética en los distintos niveles de la vida social, sin una real división de los poderes del Estado  y una participación cotidiana y generosa de cada argentino”.

Porque los obispos hacen su demanda en momentos en que vastos sectores de la sociedad tienen la impresión de que las causas de corrupción que involucran a conspicuos kirchneristas, comenzando por la propia ex presidenta, podrían ahora ser cajoneados por los jueces o mal tramitadas las investigaciones y, finalmente, quedar todo en la nada. Es sabido que el presidente electo, Alberto Fernández, es crítico de la marcha de esas causas.

En ese marco, tampoco es menor el pedido del respeto a la división de poderes cuando se teme una pérdida de independencia del Poder Judicial. Sea por presiones del poder político, sea por la propia sumisión de los magistrados y funcionarios judiciales. Todo ello, está claro, no supone un prejuzgamiento de los investigados –que gozan de la presunción de inocencia-, pero sí exige la actuación de una justicia rápida e imparcial que falle a derecho.

Hace ya más de dos décadas que el Papa Juan Pablo II advirtió que “la corrupción y la impunidad correr el riesgo de generalizarse” en la Argentina. Sus palabras conservan una gran vigencia porque corrupción, en mayor o menor medida, hay en todo el mundo. Pero en los países serios el nivel de impunidad es muy bajo. La Argentina no tiene destino si el que las hace no las paga. Es una invitación a seguir robando. Ojalá Alberto F, escuche el pedido de la Iglesia.


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