Miércoles 12.06.2024

La ayuda social en tiempos de Milei

Alimentos retenidos: Pedido de la Iglesia agita crisis en el gobierno

El presidente del Episcopado, Oscar Ojea, pidió hace una semana el inmediato reparto de comestibles próximos a vencer destinados a los comedores comunitarios. Al día siguiente un juez ordenó su distribución. Al final, un funcionario acusado fue echado.
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Sergio Rubin

La Iglesia católica en el país ya no tiene el poder que tenía en otros tiempos cuando, por ejemplo, una crítica de los obispos a un ministro conllevaba su automática salida del Gobierno o un cuestionamiento a una política determinada provocaba su inmediata modificación. En rigor, en Occidente las confesiones religiosas hace rato que vienen perdiendo peso en la vida pública de la mano de enormes cambios culturales que relegan lo religioso al templo. Pero también por un deseo cada vez más extendido en el clero -sobre todo en países con plena vigencia de la democracia- de respetar la autonomía de la sociedad civil.

Más allá de que durante su presidencia Carlos Menem buscó congraciarse con la Iglesia y, por caso, se opuso al aborto, su influencia fue decreciendo desde que Raúl Alfonsín designó como ministro de Educación a un ateo -Jorge Sábato- cuando ese cargo siempre le era reservado a un “hombre de la Iglesia” y a partir de que en su gobierno se sancionó el divorcio vincular. Mientras que con Cristina Kirchner se aprobó el matrimonio igualitario, la enseñanza de la educación sexual con perspectiva de género -con contenidos muy objetables para el clero- y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, hay un aspecto de la realidad nacional en el que la Iglesia conserva bastante predicamento: el social. Es que, con sus más y sus menos, se le reconoce no solo una acabada percepción de la situación a lo largo y a lo ancho del país por estar presente con sus templos en las zonas más diversas, e incluso recónditas, sino también por su labor solidaria llevada a cabo principalmente por Cáritas -la organización de ayuda con mejor imagen- con sus 1800 comedores, otras muchas acciones de asistencia y también de promoción social y decenas de miles de voluntarios.

En tiempos de grieta profunda como los actuales, no faltan quienes le atribuyen a la Iglesia ser suave en sus denuncias sobre la situación social durante los gobiernos peronistas y severa cuando quienes ocupan la Casa Rosada no lo son. Pero hay un dato objetivo: el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que periódicamente revela datos de pobreza e indigencia así como acerca del estado de las condiciones de vida de la población, recibió desde su creación hace un cuarto de siglo tanto críticas de la administración macrista como de las kirchneristas.

Últimamente, el peso de la Iglesia en materia social se sintió a partir de mediados de enero. Fue cuando la Conferencia Episcopal denunció que se había cortado el envío de comestibles no perecederos y dinero para la compra de alimentos frescos a los comedores populares a raíz de que el ministerio de Capital Humano había puesto en marcha un reempadronamiento de esos lugares y planeaba darles a sus responsables una tarjeta para adquirir los productos -una suerte de Tarjeta Alimentar, pero comunitaria- con el fin de transparentar la ayuda.

Si bien la Iglesia destacó que valoraba el cometido del Estado en pos de sanear la ayuda, advirtió que ello no debía trabar la asistencia alimentaria. Luego, Cáritas -como también lo harían las iglesias evangélicas- suscribió un convenio con el ministerio por el que el Estado les entrega dinero para la compra de alimentos. Pero la Iglesia pidió que la ayuda abarcara a todos aquellos que gestionan comedores comunitarios -el gobierno raleaba a los movimientos sociales- porque decía que la magnitud de la crisis exige el concurso de todos.

Tras una parcial mejora en la entrega de la ayuda -con diferencias según las provincias-, la Iglesia volvió a pronunciarse sobre la ayuda alimentaria el fin de semana pasado. Fue en medio de las denuncias -principalmente por parte del dirigente social Juan Grabois- de que había alimentos destinados a los comedores populares que estaban retenidos en un galpón de Vicente López, en el gran Buenos Aires, y en otro de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, y que se estaban venciendo o se acercaban a la fecha límite para su consumo.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dio un anticipo del reclamo eclesial en su homilía del Tedeum por el 25 de Mayo, al señalar que hay cosas que no pueden postergarse por sus “consecuencias irreversibles” como “la malnutrición en la primera infancia”. Pero fue al día siguiente el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea, quien salió a pedir la inmediata entrega de las cinco mil toneladas guardadas por tratarse de algo tan vital y, por eso mismo, tan urgente.

Ojea evitó entrar en la polémica sobre las razones por las cuales los productos estaban guardados (el Gobierno dio un argumento inusitado: que se guardaban ante la eventualidad de una emergencia). Pero dijo que podría correrse el riesgo de que “se vaya perdiendo la sensibilidad frente a un derecho primario como es el derecho al alimento”. Y concluyó: “Dios quiera que rápidamente los hermanos con tantísimas necesidades puedan alcanzar su alimento diario”.

El lunes -o sea, 24 horas después- el juez Sebastián Casanello hizo lugar a una cautelar presentada por Grabois y ordenó el reparto de los alimentos. Paralelamente, avanzó otra causa por comedores fantasmas en el marco de la entrega de cuatro millones de kilos de alimentos secos durante la gestión de Alberto Fernández, de los cuales se habría rendido solo el 8%. Además de una investigación por presuntos hechos de corrupción en el Polo Obrero.

Finalmente, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, reconoció que hay alimentos por vencerse y -pese a que su cartera había apelado la orden del juez de repartirlos- pidió el concurso del Ejército para su entrega inmediata. Además, echó al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, señalado como el responsable de la demora en la distribución de la comida, pero también acusado de contrataciones irregulares.

De la Torre -un férreo opositor al aborto- siempre se consideró un hombre cercano a la Iglesia, pero en la institución dicen que les costaba llegar a él. Lo cierto es que la voz del clero precipitó la crisis en el Gobierno por la entrega de comida y ahora lo importante es que esta asistencia tan vital sea fluida por el bien de tantas personas que la necesitan en un país que llegó a ser considerado el granero del mundo.

Fuente: TN y VR