Afrontan un "jury" de destitución

Facultades de Derecho apoyan a dos jueces denunciados por un fallo

Los decanos de una decena de universidades católicas respaldan la actuación de Javier Anzoátegui y Luis Rizzi mediante una declaración titulada "Por la vida y la independencia judicial". Fueron denunciados por un fallo que incluyó críticas al aborto.
Comparte

Los decanos de las facultades de Derecho de una decena de universidades católicas firmaron la declaración conjunta “Por la vida y la independencia judicial” a raíz del caso de los jueces Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, a quienes se les inició un expediente en el Consejo de la Magistratura para destituirlos tras las denuncias por un fallo de septiembre de 2020 en el que condenaban a un hombre a 30 años de prisión por las violaciones reiteradas contra su hermanastra y en el que incluyeron investigar al personal médico que practicó un aborto -que por entonces no era legal- a la víctima menor de edad y cuestionamientos al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.

“El objeto de la denuncia principal radica en la medida adoptada por estos jueces destinada a que se investigue, por las vías legales correspondientes, la presunta comisión de un delito de acción pública, a partir de la información ventilada en un debate oral sobre delitos de abuso sexual y homicidio, en el que ambos actuaron como vocales”, indican los decanos en el pronunciamiento.

“En el voto del juez Anzoátegui, al cual adhirió el juez Rizzi, se puso en evidencia la orfandad de asistencia jurídica de una niña por nacer abortada, que fue engendrada como fruto de los abusos sexuales constatados en el juicio y por los que fuera condenado el responsable con una pena de treinta y cinco años de prisión. En relación con ello los jueces denunciados ordenaron en el expediente la extracción de testimonios para remitir al juez competente, en cumplimiento de su deber. Esto es todo lo que se determina al respecto en la parte dispositiva de la sentencia”, explican.

Los decanos de Derecho sostienen que “en esto hay dos cuestiones que no pueden soslayarse: la importancia de defender los derechos del niño por nacer y la consecuente obligación convencional subsidiaria de investigar y sancionar los actos por los cuales se lo dañe, que aplica aunque haya muerto en consecuencia de ellos o justamente por eso y el daño institucional que ocasionaría la sanción o remoción de magistrados basadas en el contenido de sus sentencias”.

“Por todo ello ratificamos nuestra defensa de toda vida humana sin distinción y permanecemos en estado expectante ante los procedimientos escogidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación acogiendo denuncias contra magistrados que comprometen la independencia judicial, pilar fundamental de nuestra organización constitucional”, concluyen.

Firman Manuel García Mansilla (Facultad de Derecho - Universidad Austral), Pablo María Garat (Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires), Marcelo Agolti (Facultad “Teresa de Ávila” – Paraná), Luis Maria Caterina (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UCA Rosario), Julieta Gallino (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Católica de Córdoba), Carina Fernández (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis), José Luis López Cerviño (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan), Miguel Gonzáles Andia (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad Católica de La Plata), Ricardo von Büren (Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales – Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) Eduardo Jesús Romani (Facultad de Ciencias Jurídicas –Universidad Católica de Salta), María Paula Giaccaglia (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Fasta), Zully Degano (Facultad de Derecho y Ciencia Política – Universidad Católica de Santa Fe) y Liliana Abdala (Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas – Universidad Católica de Santiago del Estero).

Fuente: UCA y agencias