Miércoles 07.06.2023
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló una universidad de la Arquidiócesis de Managua, con lo que suman 25 las universidades privadas nicaragüenses ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero.
El nuevo centro de estudio cerrado es la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (Ucicam), según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, explicó que esa universidad pidió de forma voluntaria su disolución acordada por sus miembros mediante una asamblea extraordinaria realizada el 10 de enero pasado.
"Se ordena a la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación proceder a la cancelación del registro y número perpetuo" de la Ucicam, anotó Gobernación en su acuerdo.
La Ucicam operaba desde el 25 de junio de 2012 y, según Gobernación, estaban en incumplimiento de sus obligaciones desde el 2015, "ya que no reportaron sus estados financieros y junta directiva".
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Los otros 11 centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
En Nicaragua, el obispo Rolando Álvarez está encarcelado desde febrero pasado, privado de su ciudadanía y condenado a 26 años de prisión. La Santa Sede no tiene actualmente ninguna representación diplomática en Nicaragua, luego de que su encargado de negocios, monseñor Marcel Diouf, abandonara el país el 17 de marzo a pedido del gobierno.
El Informe de Libertad Religiosa 2022 del Departamento de Estado de EE. UU., publicado esta semana, señala que "la falta de transparencia por parte de las autoridades judiciales contribuye a la incertidumbre que rodea la detención del obispo Alvarez"
Además, el informe recuerda "la detención, el exilio y las agresiones verbales a sacerdotes y obispos", definidos como "delincuentes" y "conspiradores" y acusados ;;de "incitar a la violencia".
Fuente: Agencias
