Miércoles 24.04.2019

LA BUENA NOTICIA

Objeción de conciencia

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El gobierno de San Luis reglamentó la objeción de conciencia, aprobada por ley el año pasado, para garantizar a “todos los habitantes el derecho fundamental a no actuar en su contra”. Pasa a ser la única provincia en la cual ese derecho tiene tal alcance, con ese nivel de detalle, poco logrado también internacionalmente. Para el funcionamiento de esta norma jurídica se crea un Consejo Consultivo, integrado por siete miembros, incluyéndose dos de los cultos registrados y otro por las comunidades originarias. Actuará ante algún pedido judicial o administrativamente,
para analizar la problemática de los objetores de conciencia. Se puntualiza que
el desconocimiento de este derecho “mutila la interioridad de las personas, sus creencias y convicciones, y con ello, se vulnera la dignidad humana, fundamento primario del sistema político”. La objeción de conciencia es el rechazo al cumplimiento de determinada normativa por ser contraria a las creencias de nivel ético o religiosas de una persona y puede plantearse ante cualquier tipo de mandato y en diferentes ámbitos.
Acuerdo con el CALAR
En la Casa de San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó un acuerdo de cooperación para fortalecer el ejercicio de las libertades de pensamiento y culto, con el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), entidad sin fines de lucro, que promueve programas de convivencia, representado por su presidente Juan Navarro Floria; su vice Raúl Scialabba y el secretario Horacio Bermúdez