Los monjes benedictinos obligados a irse

El Gobierno español deberá definir con la Iglesia el futuro de la abadía

La retirada de la cruz no está contemplada pese a la resignificación que se le pretende dar a lugar con la nueva ley de Memoria Democrática. No deja en claro que deba haber una presencia religiosa a cargo del Valle, pero negociará con el arzobispado.
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El Gobierno no contempla la retirada de la cruz del Valle de los Caídos pese a la resignificación que se quiere dar al lugar con la nueva ley de Memoria Democrática. Lo que sí está en el aire es el futuro de la abadía, ocupada actualmente por monjes benedictinos y que el Ejecutivo negociará con la Iglesia, según han explicado fuentes gubernamentales.

La ley de Memoria Democrática, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso de los Diputados, declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y deroga el real decreto de la abadía del año 1957, por lo que el Gobierno iniciará un proceso de negociación con la Iglesia para definir su futuro.

Todo ello en el marco de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de todas las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. En él tampoco cabe que el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera ocupe un lugar preponderante, por lo que deberá ser exhumado para su traslado a otro lugar de la abadía o fuera del Valle si así lo deciden sus familiares.

Esta ley recoge por primera vez de forma explícita, en su artículo 1.3, un repudio y condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la condena de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública, según subrayan las fuentes del Ejecutivo.

Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas para contar con un número oficial y darles visibilidad.

La ley crea la figura de un fiscal de sala de memoria democrática, que será nombrado por el fiscal general del Estado. El Gobierno cuenta con que prácticamente todos los autores de delitos que se pudieran cometer durante la guerra civil y la dictadura han fallecido ya, pero deja en manos del fiscal la posibilidad de elevar la investigación en caso de que alguno continúe vivo y aprecie delito.

Además, señala al Estado como el responsable de todo el proceso de localización, búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres que permanecen en fosas comunes. La secretaría de Estado de Memoria dedica un 60 por ciento de su presupuesto a este cometido, que cuenta ya con un catálogo de 304 fosas para los años 2020 y 2021 que se ampliará con un millón más de euros destinados a los ayuntamientos para que contribuyan a esta labor.

La ley pone además el foco en el denominado deber de memoria y quiere garantizar que el periodo de la guerra civil y la dictadura se estudia en los institutos. La forma de hacerlo aún está en estudio, pero contempla una reordenación de la asignatura de Historia para garantizar que los alumnos conozcan esta etapa.

Además, avanza respecto a la ley de memoria histórica del año 2007 en la concreción para la retirada de símbolos del franquismo mediante un catálogo, un procedimiento de actuación e incluso la aplicación de sanciones en caso de que sus responsables se nieguen que irán desde los 200 a los 150.000 euros en función de la gravedad.

Fuente: Europa Press